La aprobación del expediente técnico, sin verificarse el diseño de algunos componentes, para la construcción del nuevo comedor en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) originó que su plazo de ejecución se amplié irregularmente; lo cual imposibilitó la aplicación de penalidades, generó el pago por un trabajo no realizado y que se reconozcan mayores prestaciones de supervisión.

Estos hechos generaron un perjuicio económico para la entidad por S/ 985 158,58; monto que es la suma de la no aplicación de penalidades (S/ 915 371, 74), del pago por un trabajo no realizado (S/ 7 653,96) y del reconocimiento de mayores prestaciones de supervisión (S/ 54 242,88), de acuerdo a lo detectado por la Contraloría General de la República.

El expediente técnico de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de asistencia alimentaria de la UNT” fue aprobado sin que los componentes del Sistema de Agua contra Incendios (ACI), en las especialidades de instalaciones sanitarias y eléctricas, cumplan con lo establecido en las normas señaladas en los términos de referencia, precisa el Informe de Control Específico N.º 009-2021-2-0222-SCE.

Según la comisión de control, esto último debió ser observado tanto por los funcionarios y servidores de la unidad de infraestructura de la UNT como por el proveedor contratado para su revisión, sin embargo, no lo hizo.

Asimismo, la no optimización del expediente técnico durante la presentación del informe de compatibilidad generó el rediseño del sistema ACI, con procedimientos no regulados en la norma de contrataciones. Dicho rediseño causó que la electrobomba planteada por el proyectista fuese remplazada, y que su fabricación e importación propiciará una ampliación de plazo sustentada y aprobada en forma irregular, que además fue aprovechada para la ejecución de partidas atrasadas (fuera del plazo contractual).

PUEDE LEER:

Los hechos expuestos, ocurridos entre el 2017 y 2019, fueron comunicados al rector de la Universidad Nacional de Trujillo para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, y al procurador de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en la presunta irregularidad. Se trata de los jefes de la unidad de infraestructura, y de dos ingenieros civiles de la misma área laboral.